Buscan dar 4 años de prisión a ‘ratas’ de alcantarillas en Querétaro
El diputado Manuel Pozo Cabrera, coordinador del Grupo Legislativo de Querétaro Independiente, ingresó en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo del Estado la Iniciativa de Ley que reforma la Fracción X del artículo 183 y adiciona el artículo 183 Bis del Código Penal del Estado, la cual es presentada de manera conjunta por los diputados locales del PAN y de Querétaro Independiente.
El propósito de esta propuesta presentada hoy por el diputado Pozo Cabrera ante los medios de comunicación, es mandar un mensaje claro y enérgico a toda persona que bajo cualquier ánimo y circunstancia sustraiga, robe y/o comercialice con el equipamiento o mobiliario urbano que pertenece a los espacios públicos, afectando con dicha acción al patrimonio estatal y al de las empresas privadas, así como la vida de toda persona que circula en las calles y avenidas de la entidad.
“A través de esta iniciativa buscamos incidir para inhibir esta práctica, la propuesta por una parte es conceptualizar dentro de la Fracción X del artículo 183 del Código Penal, el equipamiento y mobiliario urbano, dando herramientas a quien procura la justicia y a quien la imparte, al contar con un tipo penal claro y preciso. Y no solamente nos limitamos al tema de registros y alcantarillas; es en general el mobiliario urbano: bancas, juegos de los parques y todo aquel bien que presta un servicio público”, explicó el legislador.
Afirmó, por otro lado, que se señala en dicha fracción como un robo agravado y se aumenta la sanción hasta una mitad del robo simple. Además de que se establece el artículo 183-Bis 1, en donde se establece una pena de 1 año a 3 años y de cien a 500 días-multa para quien comercialice, enajene o traslade dichos bienes con el conocimiento de que son robados. “Así buscamos cerrar el círculo y no solo establecer una pena para quien lo roba, sino también para quien está facilitando su comercialización”, apuntó el diputado.
Explicó que la sanción que hoy se prevé para el robo simple es de 3 meses a 3 años y de 30 a 90 días-multa. “Lo que nosotros proponemos, a través de agravar esa conducta, es que se incremente en un 50% dicha pena, es decir de 4.5 meses a 4.5 años, y una sanción de 45 a 135 días-multa”, con lo cual pasaría la multa de 12 mil 700 pesos a 19 mil pesos, afirmó el legislador.
Además, dijo que hoy no está previsto para quienes comercialicen, enajenen o trasladen esos productos robados, se estaría estableciendo una pena de 1 a 3 años de prisión y de 100 a 500 días multa, con lo cual se podría estar pagando una sanción de 70 mil 850 pesos.
“Esta iniciativa es motivada para atender esta preocupación y en solidaridad con las personas que han visto afectado su patrimonio y su integridad, así como a las personas que también han perdido a un ser querido, derivado de algún accidente ocasionado de la falta de algún registro o alcantarilla”, expresó el legislador.
Afirmó que uno de los principales móviles de este delito es la venta clandestina del equipamiento robado, lo que involucra una parte activa, la que efectúa el ilícito, y otra parte pasiva que es la que adquiere los productos de dicho delito, el cual -dijo- no solo afecta al erario público, sino también a terceros que circulan en las vialidades, llegando a tener afectaciones materiales y físicas.
Dentro de los considerandos de la iniciativa se establece que desafortunadamente el delito de robo se ha intensificado en contra de equipamiento y mobiliario urbano, como son: tapas de coladeras, registros, cables de baja tensión, entre otros los cuales representan un daño bastante considerable al patrimonio y erario público e incluso algunas veces el daño colateral de mayor trascendencia es el riesgo para la vida misma de las personas.
De manera adicional, el diputado Manuel Pozo expresó que en esta propuesta de ley también se está atendiendo a otra preocupación, que es el robo a escuelas públicas, por lo que se incluido en el concepto de equipamiento y mobiliario urbano, el perteneciente al servicio educativo, para que esta conducta delictiva sea sancionada no solo con un agravante, sino que también se pueda sancionar a quien comercialice el producto de dicho robo.
Manifestó, en ese sentido, que los integrantes de los Grupos Legislativos del PAN y de Querétaro Independiente, a partir de los sucesos presentados en los últimos meses, analizaron el marco normativo y tenido reuniones de trabajo con especialistas en materia penal, criminólogos, urbanistas, entidades públicas como la Comisión Estatal de Aguas y la Comisión Federal de Electricidad, así como con representantes de algunos municipios, como el de Querétaro, de lo que resulta la necesidad de generar una solución integral.
